Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha reforzado en las últimas semanas la policía turística, que con un enfoque bastante sesgado ha empezado a articular determinadas operaciones que interfieren al normal desarrollo de la actividad de las empresas especialistas en didáctica cultural en espacios patrimoniales. Esto ha deteriorado sensiblemente el reconocimiento que paulatinamente se ha conseguido por parte de estas empresas, por lo que se convocó una reunión del sector de la que nos informaron algunas personas asociadas de GECA que operan en este ámbito. Un representante de GECA estuvo presente y en la misma se propuso una reunión con el director general de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo y Cultura. En dicha reunión, en la que también participamos, se expuso la fundamentación del derecho que tienen dichas empresas en prestar sus servicios, acogiéndose a bases jurídicas que van más allá de la Ley del Turismo, sino que se expresa en directivas europeas y jurisprudencia de casuística concreta. Se planteó una búsqueda de medidas protectoras de cara a posibles agresiones que vengan de fuera del sector y que amenacen la seguridad de lo que estas empresas hacen. Se remitió al director general el documento que GECA ya impulsó en 2016 sobre este tema (se puede consultar aquí) y se consiguió su compromiso a tratar este tema con el consejero. Seguiremos informando de los avances en este tema.